El cine hondureño cumple nueve meses de incertidumbre: proyectos detenidos y una respuesta que no llega

La reestructuración de la Dirección General de Cinematografía abrió una crisis institucional que mantiene en vilo a productores y cineastas. Aunque se alcanzaron acuerdos entre el sector y la Secretaría de Cultura, la decisión definitiva continúa pendiente de Casa Presidencial.

Detrás de cada película hay historias que contar, equipos de trabajo, inversiones y años de preparación. Sin embargo, para el cine hondureño, el principal obstáculo durante los últimos nueve meses no ha sido la falta de historias ni de talento, sino la incertidumbre institucional que mantiene en pausa los mecanismos públicos destinados a impulsar esta industria.

Desde enero de 2026, el sector cinematográfico enfrenta una situación que ha puesto en duda la continuidad de sus procesos administrativos, el financiamiento de nuevas producciones y el funcionamiento de las instituciones creadas para fortalecer el desarrollo audiovisual del país.

El conflicto tomó mayor fuerza con la aprobación del Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, publicado el 25 de febrero, cuyo artículo 13 establece que la Dirección General de Cinematografía (DGC) pase a ser una dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH).

La disposición forma parte de una reestructuración gubernamental que busca simplificar la administración pública. No obstante, la decisión provocó preocupación entre las organizaciones cinematográficas, que consideran que este cambio compromete la autonomía y el modelo de gobernanza establecido en la Ley de Cinematografía.

La discusión no es menor. Honduras cuenta desde 2019 con una legislación diseñada para desarrollar una industria cinematográfica con participación pública y privada, atraer inversiones, generar empleos y promover las producciones nacionales.

Por ello, para los representantes del sector, el problema no se limita a un cambio administrativo: está en juego la aplicación de una ley y la continuidad de una estructura institucional que costó años construir.

Una ley vigente, pero con dificultades para operar

La Ley de Cinematografía, contenida en el Decreto Legislativo 3-2019, estableció las bases para organizar y fortalecer la actividad cinematográfica en Honduras. Entre sus principales instrumentos se encuentran la Dirección General de Cinematografía, el Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC) y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FONDECI).

Estos mecanismos fueron concebidos para promover la producción nacional, facilitar el acceso a financiamiento, establecer procedimientos administrativos y generar condiciones para que las películas hondureñas puedan desarrollarse y llegar a otras audiencias.

Sin embargo, la reorganización institucional ha generado dudas sobre quién debe asumir determinadas competencias, cómo se resolverán los trámites pendientes y qué ocurrirá con los compromisos adquiridos con proyectos que ya estaban en marcha.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) también expresó su preocupación y solicitó al presidente Nasry Asfura derogar el artículo 13 del PCM-004-2026.

El sector empresarial argumentó que un decreto ejecutivo no puede modificar lo establecido en una ley aprobada por el Congreso Nacional y advirtió que la incertidumbre jurídica puede afectar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

La preocupación también alcanza a los cineastas y productores, quienes consideran que la autonomía técnica y administrativa de la Dirección General de Cinematografía es fundamental para garantizar la continuidad de las políticas públicas.

Más de 20 proyectos y millones de dólares en expectativa

La incertidumbre institucional también tiene una dimensión económica.

Antes de que se profundizara esta situación, el sector cinematográfico reportaba más de 20 proyectos en desarrollo, entre largometrajes, documentales y series, con una inversión proyectada superior a los 3.5 millones de dólares para los siguientes tres años.

De acuerdo con la información divulgada por representantes del sector, entre el 60 % y el 70 % de esa inversión estaba previsto para ejecutarse directamente en Honduras.

Estas cifras reflejan que el cine no representa únicamente una actividad artística. También involucra empleos, contratación de servicios técnicos, transporte, alimentación, alojamiento, alquiler de equipos y otros rubros que forman parte de la producción audiovisual.

Cuando los mecanismos institucionales dejan de funcionar con normalidad, las consecuencias pueden extenderse más allá de los realizadores y alcanzar a decenas de personas que dependen de esta actividad económica.

La falta de certeza también puede dificultar la negociación de coproducciones internacionales, el acceso a fondos extranjeros y el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos.

El diálogo avanzó, pero la solución sigue pendiente

Durante estos meses, las organizaciones del sector cinematográfico han buscado una salida mediante reuniones con las autoridades de la SECAPPH.

Uno de los encuentros más importantes tuvo lugar el 12 de junio de 2026, cuando representantes del sector y autoridades de Cultura sostuvieron una reunión de trabajo en la que anunciaron acuerdos para fortalecer la institucionalidad cinematográfica, garantizar la continuidad de proyectos y atender compromisos financieros pendientes.

En ese momento, el titular de la SECAPPH, Yasser Handal, aseguró que la Ley de Cinematografía continuaba vigente y que la Dirección de Cinematografía seguiría funcionando como parte del proceso de fortalecimiento institucional. También manifestó que se respetarían los compromisos adquiridos con proyectos aprobados y pagos pendientes.

Sin embargo, el entendimiento no se tradujo en una solución definitiva.

El 19 de agosto, la Asociación Hondureña de Cineastas Linterna Mágica, la Asociación Hondureña de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (AHPCA), la Colectiva de Cineastas Hondureñas y otros representantes del sector difundieron un pronunciamiento en el que denunciaron que la institucionalidad cinematográfica continuaba paralizada.

Las organizaciones señalaron que, aunque se había alcanzado una ruta consensuada para resolver el conflicto y restablecer el funcionamiento institucional, su ejecución dependía de una respuesta de Casa Presidencial a la SECAPPH.

Entre sus principales demandas figuraban la integración y convocatoria del Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica, el restablecimiento operativo de la Dirección General de Cinematografía, la reapertura del Registro Nacional de Cinematografía y la reactivación del FONDECI.

La situación también ha generado preocupación entre productores que mantienen vínculos con empresas y fondos internacionales. En una publicación del 30 de octubre, el periodista y cineasta Óscar Estrada recogió testimonios sobre proyectos que podrían trasladarse a otros países ante la falta de garantías para producir en Honduras.

¿Qué pierde Honduras si se detiene su industria cinematográfica?

El impacto de esta crisis podría ir mucho más allá de las películas que no logren producirse.

La industria cinematográfica representa una oportunidad para generar empleos, impulsar el turismo, contratar servicios profesionales y promover la cultura hondureña dentro y fuera del país.

Una producción audiovisual necesita directores, guionistas, actores, camarógrafos, sonidistas, editores, técnicos de iluminación, productores y personal logístico. También requiere servicios de transporte, alimentación, hospedaje y alquiler de equipos.

Por tanto, cuando los proyectos se retrasan o buscan otros destinos para su ejecución, las consecuencias alcanzan a una cadena de trabajadores y empresas que encuentran en esta actividad una fuente de ingresos.

A esto se suma el riesgo de perder oportunidades de coproducción. En un mercado donde las alianzas internacionales son fundamentales para conseguir financiamiento y llevar historias a otros territorios, la falta de seguridad jurídica puede convertirse en un obstáculo para atraer nuevas inversiones.

El problema, entonces, no es solamente administrativo. Es una discusión sobre el modelo de desarrollo que Honduras quiere para su industria audiovisual y sobre la capacidad del Estado para garantizar condiciones que permitan su crecimiento.

Nueve meses después, el cine sigue esperando

La discusión sobre el futuro del cine hondureño permanece abierta. Por un lado, las autoridades han defendido la reorganización como una oportunidad para fortalecer el sector y reducir gastos administrativos; por otro, los representantes de la industria insisten en que no puede existir desarrollo cinematográfico sin instituciones operativas, reglas claras y mecanismos de financiamiento funcionales.

El 30 de octubre, una nueva publicación sobre la crisis volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones del sector y las consecuencias que podría tener la prolongación de esta situación. Entre ellas, la posibilidad de que producciones que inicialmente contemplaban a Honduras terminen realizándose en otros países.

A nueve meses del inicio de la paralización denunciada por las organizaciones cinematográficas, la pregunta sigue siendo cuándo se ejecutarán los acuerdos alcanzados y quién garantizará que los mecanismos establecidos por la Ley de Cinematografía vuelvan a funcionar.

Mientras tanto, los cineastas continúan a la espera de una respuesta que permita recuperar la institucionalidad y ofrecer certeza a quienes apuestan por contar historias desde Honduras.

Porque el cine hondureño no carece de historias, talento ni proyectos. Lo que hoy reclama es respaldo institucional, seguridad jurídica y condiciones para que las cámaras vuelvan a rodar.