Consejo Atlántico: Elecciones caóticas podrían influir en intereses de Seguridad de EEUU

La Organización de los Estados Americanos, una de las sesenta y ocho instituciones encargadas de observar las elecciones, ya ha desplegado su misión y ha emitido declaraciones expresando su preocupación por las condiciones sobre el terreno para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

La directora del Consejo Atlántico, María Fernanda Bozmoski declaró que unas elecciones caóticas en Honduras pueden influir claramente en los intereses de seguridad de los Estados Unidos, dicho país quiere unos comicios limpios y que la gente decida el nuevo presidente, aunque ellos tengan un favorito, van a respetar la voluntad popular.

“Cualquier tipo de inestabilidad que pudiera vivir el país catracho después de estas elecciones y los efectos que puedan tener sobre sus países vecinos y sobre los Estados Unidos”, declar

Más de seis millones de hondureños acudirán a las urnas el domingo 30 de noviembre para elegir un nuevo presidente, 128 congresistas, 298 alcaldes y veinte representantes al Parlamento Centroamericano.

Las elecciones generales siguen a las caóticas primarias de marzo, durante las cuales los obstáculos logísticos afectaron a aproximadamente 1,3 millones de votantes en Tegucigalpa y San Pedro Sula, de los 5,8 millones de votantes elegibles en todo el país. Muchos ciudadanos tuvieron que emitir su voto al día siguiente, y en algunos casos hasta una semana después, debido a demoras en la apertura de los centros de votación o la recepción de materiales de votación.

Estas interrupciones desencadenaron graves enfrentamientos dentro de las instituciones electorales, incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral, y entre estos y otros organismos públicos como las fuerzas armadas y la fiscalía general ¹ . Estas disputas en última instancia retrasaron pasos clave en el cronograma electoral, incluida la adjudicación del contrato para la empresa que transmitiría los resultados preliminares (TREP) el día de las elecciones.

En los meses posteriores, las deficiencias operativas se han acentuado. El CNE retrasó la contratación de la conectividad satelital para los centros de votación remotos. Posteriormente, un contratista logístico se retiró a principios de noviembre, pocos días antes de la votación, alegando retrasos en la adjudicación de los contratos y la falta de garantías de rendimiento la noche de las elecciones. Con solo veintidós días restantes, el CNE inició una licitación acelerada para reemplazar tanto las funciones de conectividad como las logísticas, acortando los plazos que normalmente requieren meses de pruebas y coordinación.

La Organización de los Estados Americanos, una de las sesenta y ocho instituciones encargadas de observar las elecciones, ya ha desplegado su misión y ha emitido declaraciones expresando su preocupación por las condiciones sobre el terreno para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. La Unión Europea (UE) también fue invitada a participar como observadora, con aproximadamente 120 delegados desplegados en todo el país. En total, hay aproximadamente quinientos observadores internacionales sobre el terreno. Sin embargo, resulta preocupante que, en tan solo cuarenta y ocho horas, una de las instituciones nacionales de observación acreditó rápidamente a más de nueve mil delegados adicionales, muchos de ellos afines al partido gobernante.

En conjunto, los desafíos logísticos; un mayor protagonismo de las fuerzas armadas en las elecciones (incluyendo la solicitud directa a la empresa de transporte de la ubicación de los dispositivos GPS que se utilizarán el día de las elecciones); el acoso del fiscal general a las autoridades electorales; las tensiones institucionales; y la acreditación “exprés” de los observadores locales han socavado la confianza en el voto. Esto ha abierto la puerta a que se cuestionen los resultados, independientemente del resultado, poniendo en riesgo la estabilidad democrática de Honduras y los intereses clave de Estados Unidos.

Seguridad en Honduras

La violencia y la extorsión siguen siendo generalizadas en Honduras. El país tiene la tasa de homicidios más alta de Centroamérica, con un estimado de 25,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024. Para combatir al narcotráfico y las pandillas, el gobierno actual ha declarado repetidamente el estado de excepción desde 2022, siguiendo el modelo de su vecino El Salvador. La última prórroga de la declaración de emergencia se produjo el 12 de noviembre, por cuarenta y cinco días adicionales. Sin embargo, el impacto de esta medida no está claro, ya que las tasas de homicidios en los municipios solo han disminuido ligeramente, tanto en las zonas donde la medida está vigente como en las que no.

Es importante destacar que el país es un importante nodo de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos, y un expresidente, Juan Orlando Hernández, figura central y máximo ganador de las disputadas elecciones de 2017, ahora está cumpliendo una condena de cuarenta y cinco años por tráfico de drogas en Estados Unidos.

En un importante cambio de rumbo, y menos de un mes después de la toma de posesión del segundo gobierno de Donald Trump, Honduras renovó un tratado de extradición con Estados Unidos, que estaba a punto de expirar. El gobierno de Castro había amenazado con cancelarlo, calificando la presión estadounidense para la extradición de injerencia y conspiración golpista. El tratado renovado se extiende ahora hasta el final del mandato de Castro, pero la inestabilidad postelectoral podría volver a ponerlo en riesgo si surge un vacío de poder en Tegucigalpa.

Presencia militar estadounidense

La Base Aérea Soto Cano (anteriormente conocida como Palmerola) en Honduras ha albergado a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos desde 1983 y se estableció originalmente como un centro estratégico durante la Guerra Fría. Soto Cano es la principal plataforma de la presencia militar estadounidense en Centroamérica y una de las dos únicas bases importantes en la región, junto con Guantánamo. La base tiene capacidad para desplegar rápidamente misiones contra la delincuencia transnacional, asistencia humanitaria y respuesta ante desastres, incluyendo el reciente despliegue de personal y suministros a Jamaica tras el huracán Melissa. Dado que Soto Cano es un importante centro operativo regional para las fuerzas armadas estadounidenses, la estabilidad política en Honduras es clave para garantizar que las misiones estadounidenses y las iniciativas de seguridad en general puedan continuar sin interrupciones.

Cooperación en materia de migración

Honduras coopera estrechamente con Estados Unidos en materia de migración. Como parte de este esfuerzo, el Acuerdo de Cooperación en el Examen de Solicitudes de Protección se firmó en Washington el 10 de marzo de 2025 y entró en vigor en junio. Este acuerdo permite a Estados Unidos enviar a ciertos migrantes no hondureños a Honduras para buscar protección allí, en lugar de hacerlo en territorio estadounidense. Este acuerdo se basa en un acuerdo de cooperación en materia de asilo de 2019, firmado durante la primera administración Trump, que permite a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo a Honduras. La estabilidad política influirá en la capacidad de Honduras para continuar eficazmente con estos acuerdos y afectará los flujos migratorios regionales en general.